LA TENSIÓN PRIVATIZADORA EN LA EDUCACIÓN VENEZOLANA:

antecedentes, actores y horizontes de futuro.

Resumen

Este aporte analiza críticamente el decurso de las políticas públicas en la educación venezolana transparentando el protagonismo de los actores privados. Se contextualizan los momentos específicos de la acción privatizadora, traducida en legislaciones, planes y programas, revelados en los discursos y la participación de los actores públicos y privados promotores, desde diferentes instancias, de tales acciones, desde el siglo pasado hasta el presente. Este recorrido adquiere importancia en 1980 cuando se promulga la Ley Orgánica de Educación luego de más de dos décadas de vigencia de la ley de 1955 heredada de la dictadura, que favorecía los intereses de la educación católica, uno de los actores seculares en la pulsión con el Estado por la privatización de la educación venezolana, bajo el argumento de la “libertad de enseñanza” y en la década de los años 90 mediante la imposición de la agenda neoliberal. El estudio fundamentado en el análisis crítico documental, establece algunos hitos de estas políticas, expone las formas de privatización, caracteriza a voceros y grupos comprometidos con la privatización educativa y revela las tensiones con sectores sociales y del magisterio, defensores de la educación pública y gratuita. Se concluye que esta conflictividad obedece a la dinámica política del país propia de cada momento histórico, en cuanto al protagonismo o no de actores vinculados con la privatización, así como su participación y/o influencia en los gobiernos de turno. Pese a décadas de pervivencia de esta tensión, la educación venezolana mantiene su orientación apegada a doctrina del Estado docente, fundamentada en su carácter público y gratuito; que, en la actual coyuntura, marcada por la imposición y control del gobierno legítimo por parte del imperialismo estadounidense luego de la agresión militar del 3 de enero de 2026 y el secuestro del presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, y de la diputada Cilia Flores, los sectores privatizadores podrían reforzar sus posiciones basándose en el deterioro sufrido en las políticas públicas en general y, particularmente, en la educación pública, obviando la imposición de 1.088 Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU), que han obstaculizado la gobernabilidad y deteriorado la vida del pueblo venezolano.